Categoría: Oposición constructiva

La pasada primavera asistimos al triste espectáculo de un ejercicio de gobierno municipal basado en la imposición y no en el diálogo con el Colegio San Antonio y con los vecinos de Miralbueno afectados por las expropiaciones. Una operación urbanística que supone una agresión y una falta de sensibilidad para unos vecinos de la ciudad y para un centro que desempeña una insustituible labor social en la ciudad en la que se atienden a decenas de niños con diversos tipos de discapacidad física. Y todo ello motivado por la sinrazón del alcalde y su concejal de urbanismo en obtener apresuradamente unos suelos para viviendas protegidas.

Nuestra postura en aquel momento fue muy clara: la expropiación es absolutamente innecesaria y arbitraria porque en Zaragoza hay actualmente suelo para más de 32.000 viviendas protegidas que en las anteriores legislaturas populares se impulsaron en proyectos como Parque Goya, Arcosur, Valdespartera, etc. Con los cupos anuales para viviendas de protección oficial, nuestra ciudad sólo puede construir, a lo sumo, 2.000 anuales, de manera que el Consistorio dispone de solares para los próximos veinte años, como mínimo. Entonces, ¿a qué vienen las prisas por expropiar esos terrenos?

Casi un año después, el juzgado número 2 de lo contencioso administrativo ha dictado un auto por el que se estima el recurso de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en el sentido que se suspenda de forma cautelar la expropiación en las fincas de la Confederación puesto que “la finalidad de la expropiación no es la realización de una obra o servicio de interés inmediato para la ciudad”.

El urbanismo cívico que yo quiero para Zaragoza nada tiene que ver con esta forma de hacer política urbanística. La ciudad de la vanguardia en la que creo, es una ciudad habitable en la que se prime el interés general y el bienestar de sus ciudadanos, pero nunca el perjuicio a los zaragozanos ni a las entidades, como el Colegio San Antonio, que son la verdadera expresión de una ciudad abierta que se compromete con una sociedad más justa.

«No es misión del Ayuntamiento llevar Internet gratis a todos los hogares de los zaragozanos, pero no pueden impedir que lo ofertemos en parques e instalaciones municipales», dice Cavero en ADN.

Claro que es una obligación del Ayuntamiento intentar democratizar el conocimiento y claro que es posible realizarlo, pues ciudades del mundo entero lo están haciendo. Lo primero que hay que argumentar es que el acceso a una intranet municipal, con muchos más contenidos y servicios de los que tiene actualmente la web municipal, es perfectamente posible hoy en día. No oigo ni leo a nadie del gobierno municipal anunciar una medida de este tipo.

Por otra parte, existen ciudades en todo el mundo que empiezan a ofrecer Internet vía wifi a la ciudadanía a precios increíblemente bajos, comparados con los que una persona tiene que pagar en España para acceder a algo tan fundamental como es la sociedad del conocimiento. Y si la legislación pone las cosas algo difíciles en España, el señor Belloch tendría que tener influencia suficiente para exigir al ministro Montilla que deje por un momento a la Caixa y haga algo por el resto de la nación (me refiero a la española…).

Ustedes, con un gobierno favorable y un poquito de creatividad, podrían convocar un concurso para que las empresas financiaran la infraestructura necesaria para la implantación de wifi a cambio de tarifas gratuitas con anuncios y tarifas a bajo coste sin ellos. Pero claro, eso es mucho pedirles a ustedes, que se conforman con gestionar, ya veremos con cuánto éxito, proyectos heredados. No tienen una pizca de imaginación y no tienen la más mínima sensibilidad social.

Señor Cavero, si usted cree que la implantación de wifi es una inversión lenta y costosa, dedíquese a otra cosa, sinceramente, porque el resto del mundo, el vanguardista, el que cree en la globalización y en el cosmopolitismo de verdad, no en el de salón provinciano, está poniendo en marcha el proyecto, avanzando al ritmo de los acontecimientos mundiales y muy por encima de todo, rompiendo la brecha digital que a ustedes tanto les despreocupa.

El PP ha presentado en el Juzgado un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Junta de Gobierno Local del 23 de diciembre de 2005 en la que se aprobó, con carácter definitivo, el proyecto de construcción del nuevo estadio de La Romareda, y la Junta de Gobierno Local del pasado 3 de febrero de 2006 en la que se aprobó la adjudicación de las obras.

Considero que el proyecto no resuelve las prescripciones del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón y que la desestimación de las alegaciones presentadas por diferentes colectivos sociales y partidos políticos carecen de fundamentación jurídica.

Es muy triste que en el seno de una administración democrática como el Ayuntamiento haya que recurrir a la Justicia para acabar con el autoritarismo y la sinrazón de unos políticos que anteponen los intereses personales y partidistas por delante de los intereses generales de todos los zaragozanos.

Los tres años de Belloch al frente del Ayuntamiento de Zaragoza se han caracterizado por una falta total de diálogo y consenso con oposición y colectivos sociales. La participación ciudadana, el pluralismo participativo, que vengo proponiendo desde hace ya algún tiempo, brilla por su ausencia y el equipo de Gobierno se ha negado y se sigue negando a escuchar las voces de quienes piensan diferente a ellos.

El proyecto Romerada es el más claro ejemplo de esta política de despotismo. Los populares no queremos un estadio que será insuficiente para la ciudad en pocos años y no queremos ser los responsables de la falta de seguridad y de los riesgos que tendrán que correr los ciudadanos en el entorno Romareda, ni de los problemas que va a generar la construcción del estadio en su ubicación actual, junto al Hospital de referencia de la Comunidad. Nuestra ciudad ha de ser habitable y para ello es preciso contar con la participación de los únicos protagonistas: los ciudadanos. No se olvide el señor Belloch que todo gobierno trae causa en la soberanía popular y ésta parece estar siendo ninguneada.

Aunque pasan los días, no puedo dejar de seguir pensando en esa burla que ha cometido el equipo de gobierno municipal con todos los ciudadanos y, especialmente, con aquellos de los barrios zaragozanos a los que el alcalde Belloch firmaba promesas en plena campaña como si tratara de un cantante de moda.

Casi tres años después, cuando concluye la legislatura, se ha presentado un Plan de Barrios que no tiene obras en los barrios, a excepción de una carretera, pero que sí saca el dinero de operaciones urbanísticas en los barrios. Y esta presentación la ha hecho el alcalde en una rueda de prensa que, dos días después, fue descalificada por el concejal de urbanismo, el señor Gaspar de Chunta, cuando reconoció que no había un estudio económico de las operaciones urbanísticas que sustentan el Plan de Barrios.

Maravilloso. El problema es que no sabemos quién miente: miente el alcalde Belloch a los ciudadanos o le ha mentido a él su teniente de alcalde, el señor Gaspar. Mientras lo descubren alguien debería ponerse a escribir el culebrón de “las promesas de Juan Alberto”, un posible éxito que bien podríamos comenzar con aquella frase del político italiano Mazzini que decía: “las promesas son olvidadas por los príncipes, nunca por el pueblo”.

El Plan de Barrios demuestra la falta total de criterios del señor Belloch y su desconocimiento de la ciudad. Han sido constantes sus incumplimientos y sus mentiras sobre los plazos de un verdadero Plan que sigue sin llegar. La pasada semana presentaron a bombo y platillo un “borrador” que llega con tres años de retraso, una inversión raquítica y que es claramente electoral.

Lo más lamentable del documento presentado es que llega tarde, que no soluciona las demandas de los vecinos, incumpliendo esos contratos que en su día firmó el hoy alcalde con los barrios y distritos de la ciudad, y que pretende financiar con la venta de suelo en Monzalbarba, a pesar de que en las 12 actuaciones planteadas, tan sólo una de ellas, la carretera de Garrapinillos, es verdaderamente una obra en un barrio de la ciudad. El resto de actuaciones, escuelas infantiles, Centro de Convivencia, parque y reformas viarias, demuestran la ineficaz gestión de Belloch en tres años al frente del Ayuntamiento de Zaragoza.

El Plan no plantea grandes obras en los distritos, se limita a incluir pequeñas actuaciones que deberían haber estado reflejadas en los presupuestos ordinarios del Ayuntamiento y no en un Plan específico. Por otro lado, es incomprensible el retraso, teniendo en cuenta que los terrenos con los que piensa financiarlo ya existían en 2004.

Sólo con la brutal subida de impuestos y habiendo controlado el gasto corriente en los últimos ejercicios presupuestarios ya podrían haberlo puesto en marcha.

El Plan presentado sólo es un borrador, todavía no cuenta con un solo expediente abierto en los correspondientes órganos municipales. Belloch está vendiendo humo y los barrios de la ciudad se han convertido en los principales perjudicados de una política de inactividad y de falta de criterios sobre el desarrollo de futuro de la ciudad.

Apuesto por un Plan nuevo, más ambicioso y más realista a la vez, pero por encima de todo, que cuente desde el inicio con sus verdaderos protagonistas, los ciudadanos, a través de fórmulas de participación ciudadana adaptadas a la actualidad que permitan, en un ámbito tan transversal como éste, reflejar la inmediatez y la cercanía que la política local bien gestionada debe hacer experimentar al zaragozano.

Llevamos asistiendo a la tramitación de varios proyectos de urbanismo en Zaragoza cuyas prisas y carencias nos pueden llevar a la sensación de vivir en una ciudad caótica. Ya no se trata sólo de los despropósitos de la Romareda o del barrio del AVE. En estas últimas semanas nos intentan convencer de los beneficios de construir viviendas encima de zonas con riesgo de dolinas en Casetas, situar polígonos industriales con riesgos de inundabilidad en la Cartuja, o zonas de nueva expansión en San Gregorio sin resolver el colapso de la rotonda de la MAZ.

Yo estoy a favor del crecimiento de la ciudad, que puede llegar al millón de habitantes para estar al nivel de las eurociudades, pero es necesario hacerlo de forma ordenada. Construir la ciudad con precipitación y sin resolver los problemas técnicos no conduce más que a un modelo de ciudad caótica que nada tiene que ver con el modelo de la ciudad integrada y habitable que queremos los populares.

Cada día está más claro que la subida de de impuestos que han llevado a cabo PSOE y CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza no ha servido para mejorar los servicios que esta administración presta a los ciudadanos. El alcalde, Juan Alberto Belloch, ha contado con 50 millones de euros más que el año pasado. 50 millones que salen del bolsillo de los zaragozanos. Sin embargo, con ese dinero, ni se ha fomentado el gasto social, ni se han mejorado las infraestructuras, ni se han empezado proyectos comprometidos. No ha habido grandes inversiones pero si un fuerte incremento de la deuda y el gasto superfluo.

Las ciudades creativas se definen por las iniciativas de sus habitantes, pero especialmente por llevar a cabo políticas audaces de inversión y gasto, que incentivan a la inversión privada y a las iniciativas sociales. Con el modelo económico actual, la ciudad de Zaragoza está en el camino equivocado de lo que debe ser una ciudad de vanguardia.

En poco más de dos años, los servicios públicos que presta el Ayuntamiento a todos los zaragozanos han perdido calidad y eficacia. En nuestras calles existe un clamor popular de que la ciudad está sucia, abandonada, llena de pintadas y con las zonas verdes descuidadas y en grave deterioro, por no hablar de los problemas de tráfico de una ciudad cada día más caótica. La inactividad del equipo de Gobierno PSOE y CHA en el Ayuntamiento la sufrimos no sólo los zaragozanos sino todos aquellos que nos visitan. Zaragoza está dando una lamentable imagen y lo más grave es que no se están poniendo las bases para solucionar estos problemas de cara al reto del 2008. PSOE y CHA sólo saben construir ciudad sobre el papel y han demostrado con creces su desinterés por solucionar los problemas medioambientales para lograr una ciudad más humana y habitable.

Apunto sólo unos datos para la reflexión:

• Contaminación ambiental. Uno de cada cuatro hogares zaragozanos está siendo víctima de agresiones acústicas.
• Zonas verdes.- Zaragoza cuenta con 5 metros cuadrados de zona verde por habitante frente a los 21 de Valencia, los 18 de Barcelona, los 14 de Málaga o los 12 de Madrid.
• Limpieza pública insuficiente.- En Zaragoza hay un operario por cada 807 habitantes, mientras que en Madrid hay uno por cada 442 y en Sevilla uno por cada 546. La capital andaluza cuenta con 800 operarios para la limpieza pública y Zaragoza, con una población similar, sólo tiene 345 personas limpiando nuestras calles.

Una ciudad de vanguardia, como la Zaragoza que yo propongo, necesita transformar estas cifras, darles una vuelta de 180 grados. Esta ciudad clama porque se cree en ella medio ambiente, pide a gritos que se la convierta en una ciudad habitable, en fin, llora para que la lloren y no la olviden bajo los planos del frío despacho de la concejalía de urbanismo.

El teniente de alcalde, Antonio Gaspar, nos tiene acostumbrados a todo excepto a las políticas creativas y a todo aquello que requiera de imaginación constructiva sobre la base de la libre determinación individual. No es de extrañar, pues como poco fiel a la iniciativa privada y como valedor de lo macropúblico, no sabe de expontaneidad, nunca entendió a Mandeville, no le gusta Adam Smith y su partido, no sé si él sí, aún no ha renunciado al marxismo.

Ante un cuadro existencial de tal naturaleza, no es difícil esperar poco. Más aún, cuando se trata de urbanismo y planificación. Pese a que el lugarteniente de Belloch anunció que habría muchas empresas constructoras que acudirían al concurso de la construcción del nuevo estadio de La Romareda, lo cierto es que sólo se ha presentado una oferta, lo que viene a decirnos que, o bien la barbaridad urbanística también lo es desde el punto de vista de la viabilidad económica, o bien el pliego de condiciones de la oferta está tan preñado de criterios subjetivos que da pie a interpretar por parte de los contratistas ausentes que la adjudicación puede ser lo suficientemente arbitraria como para que estos últimos no estén dispuestos a invertir tiempo y dinero sin fundamento. Si los precedentes de Málaga y Sevilla no eran suficientes para desaconsejar el camino elegido para la contratación y construcción del estadio, queda ahora evidenciado el gran fiasco de la operación. ¿Tampoco ahora se va a reconocer el error?

Supongo que no, pues Gaspar y el gobierno municipal que le sostiene no son serios, ni consecuentes.

Y, ya que de un gobierno municipal así no puede desprenderse nada creativo, creo que tendríamos entre todos que terminar de una vez por todas con esta horrible pesadilla que amenaza nuestra ciudad y presentar un proyecto alternativo para alejar el estadio de la zona donde está planificado y construir una gran área verde que contribuya a confeccionar un proyecto global de ciudad habitable.

Porque lejos de terminar con el mayor pulmón verde de la ciudad, como intentó el alcalde con el parque grande, pienso que lo prudente sería ampliar su influencia con la creación de una gran área lúdica que sustituya al estadio y logre una total descongestión de la zona Romareda.

Las páginas web de las administraciones públicas españolas tenían la obligación de ser accesibles antes del 31 de diciembre del 2005, según establece la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), que entró en vigor el 12 de octubre del 2002.

Concretamente, la LSSICE dice:

«Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada, de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos antes del 31 de diciembre del 2005».

Todos deberíamos, me comprometo a ello, hacer un esfuerzo en esta materia. La administración cumplir la ley sin excepciones y los demás adecuar nuestras páginas web para que sean lo más accesibles posibles. Yo no soy un técnico en la materia, pero la obligación de un político es acercarse a «los que saben» –muchos de vosotros-. Yo, amigos, me rebelo enérgicamente contra esta (otra) brecha digital. Vamos, juntos, a mejorar esta situación.