Siempre se espera que los poderes públicos mantengan los mismos criterios de control y de supervisión, de apoyo y de castigo, cuando actúen en espacios propiedad de las instituciones. Si no se cumple esta unidad de criterio no hay autoridad moral para castigar y limitar a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos de la calle que ven como a ellos se les castiga mientras, por los mismos actos, a los poderes públicos se les trata con deferencia y sin exigirles responsabilidad.
La primera responsabilidad del que tiene capacidad de gobierno es tratar a todos con igualdad y, especialmente, aplicar la legislación vigente en todos los casos.
El Director General de Patrimonio tiene ahora que demostrar que el Gobierno de Aragón, del que forma parte, es justo y trata de igual manera al Ayuntamiento de Zaragoza que destruye parte de un edificio catalogado que a los particulares que derribaron el castillo de la Venta de Ballerías. Dos derribos fuera de la ley, dos actuaciones dignas de ser castigadas. Esperemos que los responsables de Patrimonio sean justos y no se anden con favoritismos, puesto que en ese momento deberán disolver las comisiones de Patrimonio y crear las Comisiones de castigo al pobre ciudadano de la calle que no tiene amigos que lo apoyen.
Si tiene duda el Director General de Patrimonio de Aragón, le invito a reflexionar sobre el ninguneo al que le ha sometido el señor Gaspar y sus sabios -interpretes salmantinos de las leyes de patrimonio universal- cuando ni siquiera hacen caso a la orden del gobierno aragonés de pedir autorización expresa para seguir derribando. Nuestro diputado de Cultura le hará el seguimiento desde las Cortes de Aragón y los ciudadanos comenzaremos a pensar qué haremos si prevalece sobre la justicia de la Ley la injusticia del trato preferencial a los delitos presumiblemente inducidos o cometidos por cargos públicos. En estas cosas no se van de rositas.