No quiero entrar en este tema, que está llevando con acierto nuestro diputado José María Moreno, pero no me resisto a exponer a la opinión pública una cuestión que ya apunté en una rueda de prensa. El Gobierno de Aragón ha pedido al Ayuntamiento que reformemos la ficha catalográfica del Teatro Fleta, alegando que ya no quedan muchos elementos de los que estaban protegidos y que debe ser limitada la protección a lo que queda, dejando libertad para hacer lo que quieran con el resto. Si esto se hace quedará reconocido que un edificio protegido por la ley ha sufrido el derribo de partes del mismo que no podían derribarse. Es decir, quedara claro que se ha incumplido la ley y que algún responsable habrá autorizado o permitido ese atentado legal contra el patrimonio español.
Por lo tanto, quienes piden reformar la ficha del catálogo, de un edificio protegido desde el año 1986, deben comenzar por denunciar ante los Juzgados a la persona o personas que permitieron que se produjera esa ilegalidad. Deben ser juzgados los que atentan contra la ley, mucho más si son cargos públicos y tienen conocimiento de lo que hacen, razón por la que tienen doble culpa. Si no se lleva a los tribunales a los causantes de este destrozo -que deben ser repudiados por la comunidad aragonesa como enemigos de su patrimonio cultural- mal se puede multar a los ciudadanos de a pie por cerrar una ventana o por ensanchar el balcón. Está en juego la autoridad moral del actual Director General de Patrimonio que, aunque no es el culpable de este destrozo, pide que se reforme la ficha. Si no comienza por abrir expediente contra los que autorizaron los derribos, a los que provocaron este desastre, chanchullo o lo que ellos sabrán que hicieron, se convertirá en cómplice de este atentado contra un edificio catalogado. Contra un edificio del que también hablaremos otro día al respecto de sus excavaciones arqueológicas, asunto de gran interés que pone en cuestión la profesionalidad de algún antiguo responsable de esta destrucción.
Creo que hay que recoger firmas para que esto sea así. Los ciudadanos debemos presionar, al igual que lo ha hecho la meritoria asociación APUDEPA. No se puede dejar sin castigo a quienes desde el poder atentan contra el patrimonio. Pero, en todo caso, la palabra la tiene el actual Director General de Patrimonio que debe valorar si quiere pasar de no tener culpa alguna a ser cómplice del mismo.