Las páginas web de las administraciones públicas españolas tenían la obligación de ser accesibles antes del 31 de diciembre del 2005, según establece la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), que entró en vigor el 12 de octubre del 2002.
Concretamente, la LSSICE dice:
«Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada, de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos antes del 31 de diciembre del 2005».
Todos deberíamos, me comprometo a ello, hacer un esfuerzo en esta materia. La administración cumplir la ley sin excepciones y los demás adecuar nuestras páginas web para que sean lo más accesibles posibles. Yo no soy un técnico en la materia, pero la obligación de un político es acercarse a «los que saben» –muchos de vosotros-. Yo, amigos, me rebelo enérgicamente contra esta (otra) brecha digital. Vamos, juntos, a mejorar esta situación.